LaSexta ha presentado hoy formalmente al Gobierno la autorización para emitir en TDT de pago a través de su segundo canal digital. La cadena ha presentado su solicitud ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria, tras el anuncio hecho público por el Gobierno la semana pasada de posibilitar la prestación de este servicio.
En su petición al Ministerio de Industria, laSexta expone las razones de interés público que justifican la autorización de la TDT de pago, servicio vigente actualmente en la mayor parte de Europa, donde funciona con normalidad en Gran Bretaña, Francia, Portugal e Italia y convive con otras formas de televisión de pago como el cable y el satélite.
Para laSexta según argumenta en su solicitud- la TDT de pago actuará de medida impulsora de la implantación y desarrollo de la TDT cuando falta apenas un año para el encendido digital; permitirá universalizar la oferta de televisión de pago para todos los telespectadores a unos precios más bajos y permitirá, también, la implantación de descodificadores abiertos, universales y con capacidades interactivas, tal y como exigió el Gobierno.
La autorización de la TDT de pago contribuirá, igualmente, a que los operadores de televisión puedan disponer de una fuente de financiación alternativa en un momento de fuerte descenso de la inversión publicitaria, contribuyendo de esta manera, al mantenimiento de las emisiones en abierto.
El proyecto de laSexta para la TDT de pago será un canal deportivo de contenido esencialmente futbolístico, denominado Gol TV, en línea con las ofertas de contenidos que ya triunfan en la TDT de pago del resto de Europa. Este canal ocuparía la frecuencia actual de Hogar 10 y la idea es poder comenzar a emitir antes del verano, con el fin de que esté a pleno rendimiento con el arranque de la temporada 2009-10.
Para esta solicitud, laSexta ha utilizado el mismo cauce el que empleó Sogecable para cambiar su emisión de Canal+ por la de Cuatro, que en su momento fue apoyado tanto por el Consejo de Estado, como por el Gobierno y fue avalado por el Tribunal Supremo.
