Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, en declaraciones al programa La Entrevista de Canal Sur Televisión, han manifestado que la actitud de los empresarios merece una respuesta sindical firme. Los trabajadores, han asegurado, que no pueden soportar más precariedad y flexibilidad laboral en un momento en el que los beneficios empresariales alcanzan cifras récord.
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía han dicho que la reforma laboral, cuya negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos se retoma hoy jueves, debe permitir a los trabajadores tener más seguridad, más estabilidad y más derechos. Por el contrario, la oferta que han presentado los empresarios pretende aumentar la desregularización laboral y reducir las cotizaciones a la Seguridad social. Con este panorama, Pastrana y Carbonero coinciden en que este año aumentará la conflictividad laboral. Para el secretario general de CCOO en Andalucía, la pretensión de la CEOE de abaratar aun más el despido es inaceptable, sobre todo, porque la precariedad es el principal problema del mercado laboral español. En Andalucía, el 50% de los trabajadores no recibirían indemnización por despido y a otro porcentaje importante se le podría rescindir el contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado.
Por su parte, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ha añadido que no se trata de encorsetar el mercado de trabajo sino de garantizar los derechos de los trabajadores haciéndolos compatibles con los objetivos empresariales como está ocurriendo en los países de nuestro entorno en los que la temporalidad no supera el 6% frente a casi el 50% en Andalucía. Manuel Pastrana ha indicado también que será necesario conseguir que los empresarios no aplacen hasta la segunda mitad del año la firma de los convenios colectivos con el objetivo de ahorrarse varios meses de actualización de salarios.
Ambos responsables sindicales se han referido al problema de la siniestralidad laboral directamente ligado, en su opinión, a la precariedad y la subcontratación, y han acusado a los empresarios y a la administración de afrontar el problema con desidia. También han abogado por una mayor implicación de la justicia en el castigo de las infracciones en materia de seguridad.
