El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, copresidieron ayer lunes una reunión de la Junta Local de Seguridad con el objetivo de reforzar y potenciar los mecanismos de colaboración y coordinación en materia de seguridad entre ambas instituciones, así como entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía local.
Durante el encuentro se acordaron medidas destinadas a reforzar la seguridad en la ciudad, intensificando el trabajo conjunto y potenciando la coordinación, en el marco del Nivel IV de la alerta antiterrorista.
El subdelegado ha indicado que “se va a hacer hincapié en las medidas de prevención y de reacción y el establecimiento de mesas técnicas periódicas que, a corto plazo, permitirán ver la evolución de la situación y la eficacia de las disposiciones adoptadas”.
Agustín Muñoz también ha señalado que “la aplicación de estas medidas no se circunscribe al área municipal de seguridad, sino que incluye la alerta y vigilancia por parte de otros organismos como Bienestar Social, Educación o Deportes, por ejemplo, departamentos que tienen conocimiento de la vida diaria de los vecinos y que por ello reciben el eco de lo que sucede en la calle”.
Algunas de las medidas analizadas incluyen la colocación o el reforzamiento de medios físicos de seguridad pasiva en calles y paseos turísticos o comerciales, además de potenciar y perfeccionar los mecanismos de cooperación policial y el refuerzo de controles preventivos.
El subdelegado también ha querido transmitir un mensaje de "serenidad, confianza y seguridad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", al tiempo que ha hecho un "llamamiento a la colaboración ciudadana y a la necesidad de pedir responsabilidad a todos en el tratamiento de los temas de seguridad, en el convencimiento de que los ciudadanos entienden que la prudencia es imprescindible para garantizar la eficacia de las medidas.”.
El encuentro se enmarca dentro de las reuniones de las Juntas Locales de Seguridad y reuniones técnicas que ha impulsado la Delegación del Gobierno en Andalucía, siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior y de la Mesa del Pacto de Estado Antiterrorista tras los atentados de Barcelona y Cambrils.