Las estadísticas dicen que más del ochenta por ciento de los españoles no confían en la Justicia. Yo estoy entre ellos. Muchas causas de estos últimos tiempos la han devaluado, muchas sentencias la han hecho irrisoria y lamentable. Mucha legislación de pena se encarga de lo penal. Y el poder político -¿quién no lo sabe ya?- ha urdido en su estructura más interna un sucio juego de intereses que manipula a su antojo el nombramiento de tantos de sus más relevantes cargos, a los que les mueve los hilos como si fueran marionetas.
Por todo eso, salta ya a la vista y se destaca como excepcional lo que en realidad debería ser corriente: que sobre los individuos que lo merecen caiga todo el peso de la Ley.
Aplaudo -por decirlo de alguna manera en circunstancias tan extremadamente graves, como las califica el fallo judicial- que la Audiencia Provincial de Sevilla, hoy miércoles, haya condenado a 35 años de prisión a la parricida de Pilas. Por mucho que efectivamente se rebajen a 25, incluso que quepa estudiar por la defensa de la condenada si recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya es un triunfo a priori de la Justicia y la derrota más fulminante del crimen.
Con esta decisión tan excepcional, la Audiencia Provincial de Sevilla no sólo administra justicia para quien mató y congeló a sus dos bebés, sino una cierta dosis de tranquilidad y seguridad jurídicas para una sociedad que se queja tanto de desconfianza en las mismas.
La condena, vox populi, mediáticamente y sin acceso al completo conocimiento del texto de la sentencia y cuanto la haya motivado, está asimilada ahora mismo por la opinión pública no más allá de los telegramas que son los titulares de los periódicos. Pero podríamos extraer de antemano algunos datos muy interesantes:
Primero, la loable insistencia de la Fiscal durante todo el proceso señalando la culpabilidad de la ahora condenada, haciendo estrellarse la petición de la libre absolución solicitada por su defensa. Segundo, la decisión en el mismo sentido que la Fiscal de la mayoría del Jurado Popular. Tercero, que la inclusión de tal figura en nuestro Ordenamiento lleva implícito admitir que el más profundo sentido de la Justicia, se sitúa más allá de los límites estrictos de los profesionales del Derecho. Y que la sociedad no suele estar tan equivocada, como algunos juristas y abogados declaran, en su percepción sobre lo injusto. ¿Qué hacen entonces los profanos en Derecho dando un veredicto -por mucho que no vincule- en asunto tan gravísimo, invitados e incorporados por el propio Derecho?
Por último, decir que dos criaturas inocentes, asesinadas de manera monstruosa, ni siquiera han conocido su papel de mártires para favorecer que un país, tan podrido institucionalmente y, por lo tanto, tan personalmente, hoy haya logrado algo de saludable y esperanzador gracias a una sentencia que manda a una asesina a la cárcel.
SevillaPress
