Considera urgente la tramitación de la Ley, aunque pide mejoras como la regulación de la objeción de conciencia, para que no quede al arbitrio de cada cual
El Area de Mujer de Izquierda Unida considera urgente la tramitación de la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva, si bien, entendemos que dicha norma debería mejorar en el trámite parlamentario, orientándose a garantizar el derecho de las mujeres a decidir, a la apuesta por la educación sexual y afectiva para prevenir los embarazos no deseados y a dotar a la red sanitaria pública de los recursos necesarios para no sólo atender sino promover la salud sexual y reproductiva. Esta es una de las principales conclusiones de las II Jornadas Provinciales de Mujer, celebradas por Izquierda Unida el pasado fin de semana en Conil de la Frontera como parte de las actividades organizadas por el Area Provincial de Mujer de la formación política.
En esta segunda edición de las jornadas, el Area de Mujer ha profundizado en materias que tienen que ver con el Derecho a decidir, por nosotras mismas, como principio fundamental de la autonomía de las mujeres. Dos fueron los temas elegidos como eje de las jornadas. De un lado, el debate y valoración del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cuya ponencia Elementos polémicos del proyecto de Ley corrió a cargo de María Izquierdo, licenciada en Derecho, miembro de Acción en Red y persona activa en redes de mujeres y programas de sensibilización sobre buenos tratos.
La segunda ponencia trató el Derecho al Placer, como reivindicación frente al control social, político y religioso sobre la vida de las mujeres, cuya ponencia fue desarrollada por Nuria Sepúlveda, profesora de Secundaria, perteneciente a la Asociación Pro derechos Humanos, organización con la que viene realizando un programa con mujeres madres solteras, del norte del norte de Marruecos. En esta materia, la ponente destacó que la forma en que el poder utiliza la represión de la sexualidad femenina como arma de control social a través de los mecanismos del miedo, la culpa y el estigma que producen sobre las mujeres el uso de la propia libertad, y cómo este control social se traduce en la legislación que directa o indirectamente limita la autodeterminación de las mujeres.
En lo referente a la valoración del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva, las asistentes constataron tanto los avances como los déficits que aún presenta el actual proyecto. Sobre estos últimos se destacaron, entre otras cuestiones, que el establecimiento del plazo para la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) en 14 semanas no parece tener ningún otro sentido que hacer una concesión a los sectores más conservadores que, por otra parte, nunca van a admitir ninguna ley en este sentido. Por el contrario, Izquierda Unida plantea que dicho plazo no debería tener otra referencia que la que establece la OMS para la viabilidad fetal. Para la formación política, el desarrollo de la Ley debería contemplar una adecuada formación en IVE de los y las profesionales que deberán atender estas intervenciones en la red sanitaria pública.
Asimismo, las ponentes destacaron que la ausencia de la reglamentación de la objeción de conciencia supone un obstáculo para la prestación directa de la IVE en la red pública. En consecuencia, Izquierda Unida entiende que la Ley debería regular este derecho, para que no quedara al arbitrio de cada cual, añadiendo inseguridad a las mujeres que solicitan la prestación.
En cuanto a la comunicación o autorización de los padres cuando la mujer es menor, Izquierda Unida entiende que debería mantenerse la propuesta contenida en el proyecto, dado que los problemas de comunicación o relación familiar no pueden ser resueltos a golpe de ley, además de que establecer la obligatoriedad de la autorización dejaría en el limbo a las jóvenes sin familia o con problemas familiares previos.
La presentación de las jornadas contó con la presencia de Pepa Amado y Lola Sanisidro, militantes de Izquierda Unida y miembros de los equipos de Gobierno de Conil y Puerto Real, respectivamente.
