La Instrucción 2/2009 dictada desde la Consejería de Justicia y Administración Pública para restringir el uso de taxis por parte de los funcionarios en el servicio común de Notificaciones y Embargos ha impedido ya la práctica de aproximadamente mil diligencias y la "suspensión" de sus correspondientes procedimientos desde que entrase en vigor hace una semana, según aseguró hoy el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien reclamó "medidas urgentes" para solventar esta situación.

Gallardo dijo a Europa Press que, según los cálculos del Colegio de Abogados, esta medida "inaudita y muy grave" que obliga a los funcionarios a usar el transporte público para buena parte de los actos de comunicación de la Administración judicial, ha motivado ya que "más de mil diligencias" no se hayan practicado al no disponer los funcionarios de los recursos necesarios.

"esto ha implicado la suspensión de otros tantos procedimientos judiciales", lamentó José Joaquín Gallardo, quien advirtió de que la medida "pone al borde del colapso un servicio básico" como es el de Notificaciones y Embargos y "causa un desorden injustificado y considerables perjuicios".

El decano de los abogados sevillanos habló de "semi paralización" del servicio común de Notificaciones y Embargos durante esta primera semana de vigencia de la Instrucción 2/2009 y creyó "imprescindible" la adopción de "medidas urgentes" para solventar esta situación, porque la Justicia ya sufre una "endémica situación de retrasos y carencia de medios" y esta iniciativa "agrava considerablemente" este problema.