Los ayuntamientos de nuestro país han encontrado una importante fuente de ingresos que puede ayudar a paliar las importantes deudas económicas que tienen. La privatización de la gestión del consumo del agua supone miles de millones de pesetas en el conjunto de los municipios que tienen privatizada esta gestión. En España todavía quedan 26 municipios de más de 100.000 habitantes que suponen un total de 11 millones de usuarios.
Las principales empresas del sector no quieren entrar en aquellos concursos donde se piden altos cánones que hay que pagar a los ayuntamientos. Las empresas constructoras agobiadas por la falta de obra pública que les permita mantener su cuota de mercado, buscan nuevas alternativas en el sector servicios. La gestión integral del agua de las grandes ciudades es un plato suficientemente atractivo. El agua se utilizará como un sistema de recaudación indirecta.
El hecho en sí de privatizar la gestión del agua no supone un incremento de precio a priori, pero si se privatiza en ciudades que tienen un precio bajo y déficits importantes, es muy probable que el agua suba porque hay que financiar la modernización de la red (que la pagan los ciudadanos).
Las redes en la mayoría de las ciudades están en un estado lamentable y el Canal de Isabel IIª ha afirmado que en el caso de la red de Madrid, más del 30% del agua que circula por las redes se pierde por fugas. Las empresas privadas ofrecen economía de la gestión y una mayor agilidad en el cobro a los clientes.
La empresa Aguas de Barcelona tiene más de 600 contratos de aguas y su facturación en el año 1995 ascendió a 65.576 millones de pesetas generados por prestar servicio a más de 12 millones de habitantes. Se vislumbran multitud de privatizaciones a corto plazo, que ayudarán a reducir la deuda municipal de muchos ayuntamientos.
