En ella, un sevillano aborda la posible ejecución en Suecia de la indemnización de 90 millones de euros exigida por la Junta de Andalucía a Boliden
En la Sala de Grados del edificio 7, Pedro Rodríguez de Campomanes, de la Universidad Pablo de Olavide, ha tenido lugar hoy viernes la defensa pública de la tesis doctoral titulada La eficacia extraterritorial de los actos administrativos sancionadores en Derecho internacional privado, de la que es autor Alfonso Ybarra Bores. La calificación de esta tesis doctoral, dirigida por el doctor Andrés Rodríguez Benot, de la Universidad Pablo de Olavide, ha sido de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
En la tesis, Alfonso Ybarra plantea que la extraterritorialidad de los actos y decisiones, en general, es una cuesión que cada día tiene más actualidad en una Europa donde se van suprimiendo las barreras jurídicas entre los Estados miembros. Mientras en el terreno judicial, en materia de Derecho civil, mercantil y laboral, se ha avanzado bastante en el campo del reconocimiento y ejecución de decisiones, así como en materia de Derecho penal sobre todo a partir de la Cumbre de Tampere en octubre de 1999, no ha tenido sin embargo la misma acogida el reconocimiento y ejecución de los actos administrativos sancionadores, presentándose complicada la pretensión de extraterritorialidad de los mismos debido a la vigencia y aplicación del clásico principio estricto de territorialidad derivado de la soberanía de los Estados.
Así, la tesis sostiene que esta situación no puede ser mantenida por más tiempo en países como España, en los que el elevado turismo y la creciente inversión extranjera provocan situaciones de riesgo frente a los que los infractores eluden su responsabilidad por tener sus patrimonios en otros países, como es el caso de la empresa sueca Boliden, responsable del desastre ecológico del Guadiamar, a la que la Junta de Andalucía le reclama una indemnización de 90 millones de euros.
La tesis doctoral defendida por Alfonso Ybarra trata de justificar, en el marco del Derecho internacional privado, la posibilidad de establecer un sistema europeo de reconocimiento y ejecución de un tipo concreto de actos administrativos, los sancionadores. La consecución de tal pretensión constituiría así un importante hito en la culminación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea.
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